Plataforma Salud Universal, denuncian los efectos derivados de la entrada en vigor del RDL 16/2012 en Aragón

Algunos representantes de la PSU

A continuación reproducimos la nota de prensa que la Plataforma Salud Universal, de la cual esta asociación es integrante, sobre los efectos del RDL 12/2012 en Aragón:

Más de sesenta organizaciones, integradas en la Plataforma Salud Universal, denuncian los efectos derivados de la entrada en vigor del RDL 16/2012 en Aragón

Con motivo de la visita a Zaragoza de la Ministra de Sanidad, prevista para el 21 de noviembre, la Plataforma Salud Universal (PSU) hace balance de las consecuencias de la aplicación del Real Decreto Ley para la salud y los derechos de las personas.

El citado Real Decreto, que expulsó del sistema sanitario público a miles personas de origen extranjero que se encuentran en situación administrativa irregular –solo en Aragón– ya ha generado situaciones de vulneración de derechos humanos y de desprotección sanitaria, con grave riesgo para la salud y la integridad física de las personas afectadas.

La PSU advirtió, ya antes de la entrada en vigor del Real Decreto, de las dramáticas consecuencias que tendría para la salud de las personas excluidas del sistema la pérdida del derecho a la atención sanitaria pública. Por su parte, el Gobierno de Aragón aseguró en diversas declaraciones públicas que ninguna persona quedaría sin atención médica y que todo seguiría igual tras la entrada en vigor de la nueva normativa, a partir del 1 de septiembre pasado. Pues bien, la realidad con la que nos encontramos es bien distinta. De una parte, las personas extranjeras en situación irregular se ven obligadas ahora a abonar íntegramente la medicación prescrita para su tratamiento, caso especialmente alarmante si consideramos que es un colectivo con escasos recursos económicos y particularmente grave para los enfermos crónicos. De otra parte, la administración sanitaria aragonesa obliga a firmar un compromiso de pago, sin dar a conocer la cuantía de la deuda que debe asumirse, a todas las personas que requieren atención médica y han perdido la tarjeta sanitaria, incluso en los casos en los que el Real Decreto reconoce el derecho a la asistencia en igualdad de condiciones que los asegurados (urgencias, enfermos crónicos y embarazadas).

Todo ello ha provocado ya un evidente efecto disuasorio, que ha alejado de los centros de salud y de los servicios de urgencias a las personas que han perdido la tarjeta sanitaria, como ha documentado ya profusamente la PSU. Y es que buena parte de la población afectada conoce ya el precio de, por ejemplo, demandar atención urgente (mínimo, 70 euros, cantidad que se incrementaría exponencialmente por cada prueba diagnóstica, intervención y, por supuesto, por la medicación requerida, en su caso). A ello se unen las precarias condiciones económicas que pesan sobre el colectivo excluido del sistema sanitario y el desconocimiento de las implicaciones futuras de acumular deudas con la administración pública.

La confusión que ha reinado y reina en la aplicación del RDL, a tenor de los diversos y sucesivos protocolos y circulares remitidas a los centros de salud y hospitales por el SALUD, ha tenido como consecuencia una aplicación desigual de la norma en los distintos centros sanitarios, la desinformación del personal administrativo encargado de comunicarla y, por lo tanto, la de los propios usuarios. Asimismo, se han producido vulneraciones de los derechos de algunas personas que, teniendo derecho a tarjeta sanitaria de acuerdo con el RDL, se han visto privadas tanto de la tarjeta como de la atención médica, según ha documentado también la PSU.

En suma, en solo tres meses se han confirmado con creces las predicciones que realizó la PSU sobre las funestas consecuencias que el RDL 16/2012 proyectaba sobre la salud de un coletivo muy vulnerable. Por todo ello, solicitamos que se continúe prestando asistencia sanitaria (que incluye la prestación farmacéutica) a la población inmigrante en situación irregular que vive en Aragón, en las mismas condiciones en las que se venía haciendo hasta el 31 de agosto de este año, antes de la entrada en vigor del RDL, tal como exige el artículo el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Aragón y en consonancia con la decisión adoptada por otras comunidades autónomas, entre las que se encuentran Galicia, Andalucia, Cataluña o País Vasco.

Entidades que integran la Plataforma Salud Universal (por orden alfabético)

AA. VV. Barrio de San José, AA. VV. Delicias “Manuel Viola”, AA. VV. Lanuza Casco Viejo, Asamblea de Cooperación por la Paz, Asociación de Solidaridad Yuca, Asociación para el Codesarrollo Liclicñán, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, Asociación Quilla, Cáritas, CC. OO., Chunta Aragonesista, Círculos de Silencio de Zaragoza, Federación Aragonesa de Solidaridad, Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Federación de Asociaciones de Migrantes de Aragón (que reúne a 17 asociaciones), Fundación Paz y Solidaridad de CC. OO. Aragón, Hijas de la Caridad-Obra Social, Izquierda Unida, Marea Naranja, Médicos del Mundo, Medicus Mundi, Obra Social de la Parroquia Ntra. Sra. de Carmen, Omsida, Plataforma de Inmigrantes de Aragón (que reúne a 16 asociaciones), Promoción y Desarrollo (PROYDE), Red Alternativa de Cooperación y Acción Cultural (Atarraya), Sociedad Aragonesa de Salud Mental-Asociación Española de Neuropsiquiatría (SASM-AEN), SOS Racismo Aragón, Towanda, UGT, Zarabene.