La plataforma por Salud Universal reclama “que se continúe prestando asistencia sanitaria y farmacéutica a los inmigrantes en igualdad de condiciones”

Comparecencia en las Cortes de Aragón. Plataforma por la Salud Universal
Plataforma por la Salud Universal. Comparecencia en las Cortes de Aragón. 2oct2012

La Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo como integrante de la Plataforma por la Salud Universal suscribe todos los argumentos que se han presentado ante la comisión de comparecencias de las Cortes de Aragón el día 2 de octubre del 2012, y que a continuación se reproducen:

Señoras y señores diputados, … Comparecemos en nombre de la Plataforma Salud Universal, integrada por más de treinta asociaciones ciudadanas (partidos políticos, organizaciones de inmigrantes y de apoyo a inmigrantes, sindicatos mayoritarios, organizaciones vecinales, organizaciones médicas, etc.).

El motivo de la comparecencia, como ustedes ya conocen, es plantear nuestra preocupación y disconformidad con la aplicación en Aragón, en contra de lo que dispone el Estatuto de Autonomía, del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que deja a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular y a los comunitarios sin medios económicos acreditados sin acceso al sistema sanitario público en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía.


La asistencia sanitaria, como parte del derecho a la salud, es un derecho universal e igualitario reconocido por la Declaración de Derechos Humanos, la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Aragón. La aprobación y entrada en vigor de las normas citadas supone un grave retroceso en la conquista de derechos sociales por parte de la población inmigrante en España.

El Real Decreto, en su exposición de motivos, y el gobierno autonómico en muchas de sus declaraciones públicas argumentan que es una directiva europea, en concreto la Directiva 2008/38/CE del Parlamento Europeo, la que obliga a realizar las restricciones llevadas a cabo en la asistencia sanitaria. Arguyen que no se había transpuesto en su totalidad el artículo 7 de la misma y que, al realizarlo ahora, se ha hecho necesaria la reforma del acceso a la sanidad para las personas extranjeras no comunitarias en situación irregular. Pues bien, queremos señalar que el título de la citada directiva es El derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros y el artículo 7, transpuesto por el Real Decreto 16/2012, esta dedicado al derecho de residencia por más de tres meses de los ciudadanos comunitarios. Este artículo regula los requisitos para acceder al certificado de residencia por parte de los ciudadanos comunitarios y sus familiares, exigiéndoles que tengan un seguro sanitario si no trabajan por cuenta propia o ajena, única alusión que realiza este artículo a la asistencia sanitaria. Esto, como es evidente, no supone de ningún modo que se obligue a eliminar la asistencia sanitaria gratuita a las personas inmigrantes en situación irregular o a cualquier persona sin recursos sea comunitaria o no.

Una vez expuesto que Europa no obliga a eliminar el acceso gratuito al sistema sanitario de los inmigrantes en situación irregular, queremos exponer que existen normas en nuestro ordenamiento jurídico que protegen este derecho.

La primera y más importante es la Constitución.

En el artículo 43 de la misma se recoge el derecho a la protección de la salud para todas las personas, incluídas las extranjeras tal y como refieren sus artículos 13 y 10. Hace escasos días el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 16/2012, interpuesto por la Junta de Andalucía, fundamentado en la transformación conceptual de ciudadanos con derechos en titulares de un aseguramiento.

De cualquier modo, aun en el caso de que se declarase la constitucionalidad del Real Decreto, este fijaría unas bases en la atención sanitaria, pero las competencias autonómicas permiten un margen para el desarrollo de su propia política sanitaria y por ello la Comunidad Autónoma de Aragón puede aprobar su propia cartera de servicios y mejorar el mínimo estatal, aunque, en ningún caso, empeorarlo. En este marco es en el que queremos apelar a la aplicación de la legislación propia de Aragón. El Estatuto de Autonomía de nuestra Comunidad Autónoma recoge el derecho universal a la salud y posibilita que en Aragón se aporten soluciones específicas contra la pérdida de derechos sanitarios de uno de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de nuestra sociedad. Ese es el camino elegido por varias comunidades autónomas, incluida alguna gobernada por el mismo partido que sustenta mayoritariamente el gobierno en Aragón, que, a su vez, es el mismo partido que ha aprobado esta injusta reforma sanitaria. Bastaría recordar aquí el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Aragón (puntos 1 y 2):

Derecho a la salud

1. Todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad, y los usuarios del sistema público de salud tienen derecho a la libre elección de médico y centro sanitario, en los términos que establecen las leyes.

2. Los poderes públicos aragoneses garantizarán la existencia de un sistema sanitario público desarrollado desde los principios de universalidad y calidad, y una asistencia sanitaria digna, con información suficiente al paciente sobre los derechos que le asisten como usuario.

Este artículo debe relacionarse con el 12:
Derechos de las personas

1. Todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, de malos tratos y de todo tipo de discriminación, y tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal.

2. Todas las personas tienen derecho a las prestaciones sociales destinadas a su bienestar, y a los servicios de apoyo a las responsabilidades familiares para conciliar la vida laboral y familiar, en las condiciones establecidas por las leyes.

Y con el 16.1:

Derechos en relación con los servicios públicos
1. Todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a unos servicios públicos de calidad.

Para finalizar mi intervención me gustaría hacer referencia a dos aspectos relacionados con la legislación en materia de extranjería.

El primero de ellos pone de manifiesto una de las múltiples incongruencias que se dan cuando se trata de la relación de la administración con las personas inmigrates en situación irregular. Sin una autorización de residencia no se permite firmar un contrato de trabajo, ni abrir una cuenta bancaria por más de tres meses y, sin embargo, desde el Estado y la Comunidad Autónoma se les propone que suscriban un convenio de asistencia sanitaria cuya duración y cuota es anual, reconiciéndoles en este caso personalidad jurídica y admitiendo de facto que van a permanecer en nuestro país.

El segundo de los aspectos en realidad es una preocupación: el RD 557/2011, que aprobó el Reglamento de Extranjería, en sus artículos 51.5 b) y 71.5 b) al regular el procedimiento de renovación de las autorizaciones de residencia y residencia y trabajo establecen:

Para la renovación de la autorización se valorará, en su caso, previa solicitud de oficio de los respectivos informes:

a. Que el extranjero haya incumplido sus obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social.

Así mismo, el artículo 59.1 relativo a la obtención de un permiso de residencia por parte de los familiares reagrupados establece:

El cónyuge o pareja reagrupado podrá obtener una autorización de residencia y trabajo independiente, cuando reúna alguno de los siguientes requisitos y no tenga deudas con la Administración tributaria o de Seguridad Social.

Teniendo en cuenta que en las reuniones mantenidas con distintos representantes de la Consejería de Sanidad se nos ha informado de que, a pesar de que las facturas se remitan a los países de origen, los inmigrantes pasarán a los registros de deudores de la DGA hasta que las facturas sean satisfechas, existe una enorme incertidumbre de cómo afectarán en un futuro estas deudas a la posible regularización de estas personas.

A continuación, … va a exponer consideraciones de otra índole en tono a esta cuestión:

Los especialistas en salud pública han alertado del cambio de modelo que supone el Real Decreto Ley 16/2012. La reforma ha supuesto un giro desde la titularidad del derecho a la asistencia sanitaria en base a la condición de ciudadanía a otro sistema en el que el derecho a la asistencia sanitaria está relacionado con la afiliación o no al sistema de Seguridad Social. Es decir, con la condición de asegurado.

El texto hace una enmienda a la totalidad a la idea de ciudadanía sanitaria común e igual para toda la población y con él el Gobierno se retrotrae a la normativa anterior a 1986 y regresa a un modelo de aseguramiento. La ciudadanía pierde su derecho universal a la protección de la salud y la atención sanitaria y surge la condición de persona asegurada, una condición que tiene que ser reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y que se circunscribe a quienes reúnen los requisitos exigidos.

Hasta  la entrada en vigor del Real decreto Ley, la sanidad española constituía un sistema que proveía un servicio de protección social para todas personas que vivían en el territorio español. El Decreto cambia esta lógica – la esencia del planteamiento europeo de cohesión social – por un sistema de aseguramiento que sólo cubre a los “contribuyentes”.

Con esto, no solamente rompe con la lógica de solidaridad  respeto a las personas sin papeles, sino que abre la puerta a posibles aseguramientos públicos diferentes en función del colectivo de personas aseguradas al que se pertenezca.

Esta reforma ha puesto de manifiesto una gran confusión y desconocimiento entre políticos, medios de comunicación y ciudadanía en general sobre la forma en que se financia el sistema nacional de salud. Se ha dicho que las personas inmigrantes en situación irregular no pueden tener derecho a la atención sanitaria porque no cotizan a la seguridad social.

Desde el 1 de enero de 1999, según lo dispuesto en el Título I, Capítulo III, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999, el Estado asumió en su totalidad  la financiación de la asistencia sanitaria, suprimiéndose la aportación de cotizaciones sociales y produciéndose la “desvinculación total de la Sanidad y la Seguridad Social”.

A partir de dicha fecha culminó la separación entre atención sanitaria y Seguridad Social, pasando a financiarse la sanidad íntegramente con impuestos generales que salen del bolsillo de toda de la ciudadanía en las variadas y diferentes formas impositivas con que el Estado y las Comunidades Autónomas se nutren de los fondos necesarios para atender todos los servicios que han de prestar (IVA, IRPF, Impuestos Especiales, etc.). No es que la asistencia sanitaria fuera gratuita para todas las personas, como a menudo se ha dicho en los últimos meses, sino que se financia vía impuestos que pagan todos los residentes en España, incluso quienes se encuentran en situación irregular… no sólo los trabajadores y empresarios a través de las cotizaciones a la seguridad social.

El Decreto  planea establecer bajo el nombre de convenios especiales, una vía para que las personas sin permiso de residencia – a las que ha excluido de la asistencia sanitaria pública excepto urgencias – puedan ser atendidas en el sistema público. El método elegido es que puedan suscribir algo parecido a pólizas (denominadas convenios) con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados. Se prevé que las personas menores de 65 pagarían 710 euros al año —59 mensuales— y de 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864 euros anuales (155 al mes).

Esta iniciativa es un paso más hacia un sistema que privatiza el acceso a la salud. Nuestro sistema de bienestar se basaba en los principios de solidaridad y de  progresividad. Es decir que cada persona aporte según sus capacidades económicas y sea atendido según sus necesidades, garantizando con ello el derecho a la salud de toda la ciudadanía, independientemente de cualquier distinción.

Es injusto sugerir que las personas en situación administrativa irregular no contribuyen ya que pagan los impuestos indirectos y – por definición, están excluidos de pagar impuestos procedentes de la renta del trabajo porque se les niega el permiso para trabajar. Para ellos, la obligación de contratar un aseguramiento significa pagar por dos vías, pagar dos veces.

Por otro lado, es rotundamente falso que las personas inmigrantes colapsen los sistemas de atención primaria, de hecho utilizan menos el sistema de atención primaria que la población autóctona. Así lo demuestran varios informes:
Es el caso del realizado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) en 2008. El informe mostraba que las personas inmigrantes, representando más del 10% de la población residente en España, sólo suponían el 5% de los  pacientes de atención primaria. A la misma conclusión llegaron otros estudios como el realizado por la Fundación Ciencias de la Salud en que se analizaron cuatro encuestas de salud realizadas en la ciudad de Madrid (2005), Cataluña (2006), Comunidad Valenciana (2006) y Canarias (2005). Uno de los estudios más exhaustivos fue el elaborado por médicos de Atención Primaria de Zaragoza presentado en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. En él se analizaron más de 5 millones de visitas de una población de 473.523 personas (el 11,17% inmigrantes). Según este análisis, los inmigrantes adultos fueron 4,2 veces a la consulta médica por las 6,7 de los españoles.

Nos parece un ejercicio de demagogia vincular a las personas inmigrantes residentes en España con el llamado turismo sanitario. El hecho de ser personas que residen en nuestro país (y por ello pagar impuestos que financian la sanidad) los excluye de cualquier consideración de turistas.

La vinculación entre turismo sanitario e inmigrantes en situación irregular tampoco es equiparable en términos de renta. Los “turistas sanitarios” provienen en su mayoría de Europa, es decir, son personas con altos niveles de ingresos, mientras que las personas inmigrantes en situación irregular carecen de rentas o estas son muy bajas en la mayoría de los casos.

En todo caso, el debate sobre la existencia del “turismo sanitario” hace referencia a otro perfil de población extranjera procedente de la propia Unión Europea. De hecho, es una cuestión que ya está regulada. Los países europeos pagan por sus residentes en el extranjero una suma mensual dirigida a sufragar sus gastos sanitarios. El problema que se le ha planteado a la Administración española es la dificultad de gestión de la facturación, cobro y contabilidad de los importes a los ciudadanos europeos.
Desde una visión simplista, se podría pensar que, en el caso de la población inmigrante sin permiso de residencia, un problema de salud que no es atendido es una atención médica menos que pagar, considerando que estas personas abandonarán el país. Pero la realidad es completamente diferente. Muchas personas inmigrantes en situación irregular no pueden dejar el país por diferentes causas o debido a motivos legales.

En este contexto, manteniendo restringido el acceso a la atención sanitaria, limitada, por ejemplo, sólo a urgencias, la situación puede conducir, por la acumulación de episodios patológicos, a un agravamiento o cronificación de enfermedades que permanecen ocultas o se diagnostican de forma tardía. Provocando así la necesidad de hospitalizar esos casos y dando lugar a una atención médica más costosa económicamente, además de favorecer la utilización inadecuada de los servicios de urgencia que son particularmente caros.

Está demostrado que el acceso a la atención primaria y a los programas de prevención reduce la morbilidad y, para ciertas patologías, la prevención y el diagnóstico temprano son más eficientes y tienen menos coste que los tratamientos curativos. Dicho de otra forma, prestar servicios solo de urgencia a las personas inmigrantes sin permiso de residencia es más costoso a largo plazo que la atención primaria.
Esta situación tiene un riesgo añadido: Hay enfermedades que tienen un alto potencial de transmisibilidad y el hecho de no tratarlas a tiempo supone un riesgo para la salud pública y, por ende, aumentar el coste del sistema sanitario.

No es cierto que la reforma sanitaria tenga por objeto equiparar la legislación española a la europea, que España fuera el  único país europeo en el que se prestaba atención sanitaria a la población inmigrante en situación irregular.

Italia, Paises Bajos, Bélgica, Reino Unido o Portugal prestan asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Tras esta reforma sanitaria España se coloca al nivel de Grecia, Chipre o Polonia, que junto con Alemania dejan fuera del sistema a inmigrantes en situación irregular.

Desde el punto de vista de la salud pública, Las políticas de salud sólo pueden ser efectivas si incluyen a todas las personas que viven en una misma área geográfica. Este planteamiento debe incluir tanto vacunación como prevención y tratamiento de enfermedades contagiosas.

La ‘segregación legal’ de las personas inmigrantes sin permiso de residencia carece de sentido en el actual contexto de coordinación internacional de políticas públicas para hacer frente a posibles epidemias como la del virus H1N1 o de otra índole que puedan surgir en el futuro.

La aplicación del Real Decreto por parte del Gobierno de Aragón ha supuesto que Personas inmigrantes en situación irregular con enfermedades crónicas o que requieren tratamiento prolongado (cáncer, diálisis, VIH, trastornos mentales graves) tengan graves dificultades para acceder a su tratamiento, a pesar de que desde el Servicio Aragonés de Salud se haya reiterado ante los medios de comunicación que nada ha cambiado y que se sigue atendiendo a esta población en las mismas condiciones.

Para un enfermo que reside en Zaragoza (caso real) trasplantado de riñón en 2009, la situación ha cambiado considerablemente con la reforma sanitaria porque ya no tiene acceso a la receta verde y ha de hacer frente a un gasto mensual de 900 € en medicación. Nos preguntamos si su exclusión del sistema sanitario va a suponer algún ahorro en el momento en que por no poder hacer frente al coste de su medicación enferme y deba someterse de nuevo a diálisis y hospitalización, sin hacer mención a que se habrá desperdiciado un riñón ni a los costes del trasplante realizado en 2009.

Por otra parte, la Circular emitida por la Dirección Gerencia del SALUD para el personal de admisión en la asistencia sanitaria a usuarios no asegurados ni beneficiarios, de fecha 31 de agosto, prevé que en los procesos que afecten a la salud pública (VIH, tuberculosis, etc.), la medicación necesaria para el tratamiento de esas enfermedades  será entregada por el Servicio Aragonés de Salud directamente al usuario.

Hasta la fecha, ha transcurrido un mes desde la entrada en vigor del Decreto, nadie sabe a qué dependencia del  SALUD pueden dirigirse estos enfermos para que se les facilite su medicación.

Ante una consulta planteada, el Servicio de Atención al Usuario del SALUD  respondió que los trastornos mentales graves no tienen la consideración de enfermedad de salud pública a pesar de considerarlas así la Circular de 31 de agosto, a efectos de que se facilite a los enfermos la medicación necesaria directamente por el SALUD.

El Gobierno afirma que espera ahorrar 500 millones por dejar sin atención a las personas extranjeras “no registrados ni autorizados como residentes en España”. La reforma deja sin tarjeta sanitaria a unos 150.000 extranjeros en situación irregular lo que supondría un ahorro aproximado de 240 millones, no 500.

Es especialmente llamativa la ausencia de una memoria económica que acompañe a la reforma. Esta carencia crea justificadas dudas sobre las supuestas cifras de ahorro anunciadas y parece indicar que estas medidas están poco basadas en la evidencia y tienen mucho de ideología.

Por todo lo expuesto, Solicitamos que se continúe prestando asistencia sanitaria (que incluye prestación farmaceútica), a la población inmigrante en situación irregular que vive en Aragón, en las mismas condiciones que a los autóctonos, no aplicando el RDL 16/2012, tal como exige el artículo 14 del Estatuto de Autonomía, siguiendo con ello la decisión adoptada por otras comunidades autónomas, entre las que se encuentra, Galicia, Cataluña, Andalucía o País Vasco.

Y que, mientras persista la aplicación del RDL  en Aragón, que las Cortes insten al Gobierno la creación de una Comisión de Seguimiento (de la que formen parte las entidades sociales) para la evaluación de la aplicación del Real Decreto en Aragón y sus consecuencias para las personas inmigrantes.

Muchas gracias.